En Colombia se ha vuelto tan común que los medios mencionen a diario algún delito relacionado con corrupción, que incluso los mismos términos legales utilizados para denominarlos ya no son ajenos para la gente de otros sectores. El concepto de corrupción en sí, aplica para todos aquellos casos en los que se falte a la ética y a la ley misma en cualquier oficio, con el fin de obtener algún beneficio o favorecer a alguien por intereses personales; aunque no solamente los funcionarios públicos pueden ser corruptos, es en estos sectores donde se evidencian los mayores delitos de corrupción en el país, situación que es tema de discusión en los despachos de Abogados en Medellín.
Según cifras del diario EL Tiempo, Colombia pierde 50 billones de pesos anuales debido al manejo indebido de los dineros del estado por parte de servidores públicos; si bien es cierto que estas personas inescrupulosas perjudican directamente la economía y desarrollo social del país, no debemos olvidar que quienes se posicionan en importantes cargos gubernamentales lo hacen gracias a quienes los eligen mediante los sistemas de votación, por lo que podríamos hablar de responsabilidades compartidas cuando entramos a dilucidar la problemática de corrupción colombiana. Siendo los malos procederes en contra de la administración pública como el peculado, prevaricato, concusión y cohecho los delitos que más desangran el capital público, dedicaremos un espacio en este artículo para contar en qué consisten.
Peculado:
Consiste en la apropiación ilegal para beneficios personales o en favor de un tercero de los bienes del estado; este delito se le puede imputar tanto a servidores públicos como a particulares que tienen vínculos con el estado en calidad de intervinientes y la pena establecida va entre 10 y 31 años de cárcel, un ejemplo de este delito en Colombia es el de El ex viceministro de agricultura enviado a la cárcel por las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro.
Prevaricato:
Se refiere a los casos en que funcionarios públicos cometen acciones u omisiones por medio de una resolución o cualquier otro mecanismo contrariando la ley; la pena establecida para pagar por este delito va desde los 3 a los 8 años de cárcel, un ejemplo de mucho renombre en el país es el de El carrusel de la contratación.
Concusión:
Se presenta cuando un funcionario público mediante el abuso de sus funciones induce a alguien a entregar o prometer dineros con utilidades ilegales; la pena para este delito está contemplada entre 6 y 10 años, en el país se presentan muchos casos en temporada de elecciones donde dineros públicos son destinados a compra de votos.
Cohecho:
Consiste en la aceptación de dineros u otra utilidad por parte de un funcionario público, para retardar o no realizar un acto propio de su cargo o ejecutar otros que no corresponden con el mismo y de esta manera favorecer a terceros por intereses particulares; la pena para este delito puede alcanzar los 8 años de cárcel.
Estos son a grandes rasgos algunos de los delitos a los que con frecuencia recurren los funcionarios públicos en el país, sin ahondar en otros como la celebración indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre muchos otros que hacen parte de los casos asesorados por Abogados en Medellín para asegurar el debido proceso.
